Este viernes 26, el Senado nacional tratará el Presupuesto 2026, una votación clave para el Gobierno que busca cerrar el período de sesiones extraordinarias con la sanción del primer presupuesto aprobado durante la gestión de Javier Milei. Tras el traspié sufrido en Diputados, donde cayó el Capítulo XI en la votación en particular, el oficialismo llega a la Cámara alta con un escenario más ajustado y con varios artículos bajo la lupa.

Según el sitio Parlamentario, luego de la eliminación del Capítulo XI en la Cámara baja —que incluía, entre otros puntos, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario— La Libertad Avanza intentó reinstalar ese articulado en el texto que ahora analiza el Senado. Sin embargo, no logró reunir los avales necesarios entre los bloques dialoguistas y aliados provinciales.

Las modificaciones no se incorporaron al dictamen y, una vez firmado, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, recibió la confirmación de que no habría acompañamiento para reponer ese capítulo. Pese a que dentro del oficialismo aún hay sectores que presionan para reabrir la discusión, el propio presidente Javier Milei anticipó que aceptará lo votado por el Congreso y que no vetará la ley.

Si el Senado aprueba el Presupuesto sin cambios, el trámite legislativo quedará cerrado. Pero cualquier modificación —incluido el rechazo de un artículo puntual— obligaría a que el proyecto vuelva a Diputados, un escenario que el Gobierno busca evitar a toda costa en medio de un clima político todavía tenso tras la última pelea con el PRO.

El artículo 30

Superado el capítulo que se cayó en Diputados, la discusión ahora se concentra en el artículo 30, ubicado dentro del Capítulo II del proyecto. Allí se propone la derogación de distintos artículos de leyes vigentes que fijan pisos mínimos de financiamiento en áreas sensibles como educación, ciencia, tecnología y defensa.

El inciso “a” del artículo 30 plantea dejar sin efecto el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece que la inversión consolidada en educación no puede ser inferior al 6% del PBI. El inciso “b” apunta contra la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, al derogar los artículos que fijan un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar, como mínimo, el 1% del PBI en 2032 y que impiden que la asignación anual sea inferior a la del año anterior.